Nepal tan solo tuvo 10 años de choques entre las fuerzas maoístas y el sistema monárquico que hasta entonces había sido el pilar del estado. El común denominador como en cualquier conflicto irregular quedó registrado en un infame número de muertos, incontables secuestros, extorsiones, ataques a infraestructura, destrucción de propiedad pública y privada, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento, reclutamiento forzoso en niños y adultos, y miles de desaparecidos. Palabras sin duda bien conocidas en latitudes totalmente contrarias.
La semana pasada, como si se tratase de una superposición de países, Nepal pasó un proyecto de ley que establece una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación como punto clave de una justicia transicional que tiene como objetivo establecer un nuevo orden democrático que esperan rompa con el pasado violento nepalí.
Basta sentarse en una pequeña reunión entre amigos para darse cuenta de que entre unos y otros existe una profunda división que vas más allá de los asuntos banales. Aquella acalorada discusión que tuviera la fortuna de presenciar en Kathmandu en diciembre, presagiaba esa palabra odiosa de “amnistía” que no eriza a los grupos involucrados sino a las víctimas de uno y otro bando que se sienten defraudadas y literalmente abandonadas por el estado. De nada sirven las promesas de cooperación. Ni el gobierno maoísta actualmente en el poder ni los representantes del antiguo estado tienen la suficiente credibilidad, sus testimonios calan de acuerdo a las simpatías políticas de quienes los escuchan.
Esa verdad tan difícil de encontrar, nunca contentará a los actores ni a sus víctimas. Cada pedazo de verdad va atada a sentimientos que influyen no solo en el vocabulario de la descripción sino en la fuerza con la que se formulan las acusaciones, muchas veces de oídas y sin ninguna prueba de por medio.
En esa guerra irregular, que comenzó en 1996 y terminó por lo menos en papel en 2006, las fuerzas maoístas y las del gobierno cometieron serios abusos de derechos humanos, y en las calles consideran que darles el tratamiento de criminales políticos destroza los derechos legales de cada víctima. Renombrar un crimen horrendo como político no es otra cosa que limpiar en registro los crímenes de lesa humanidad, y tratar de borrar de un plumazo la definición brutal del secuestro, del asesinato, la desaparición, entre otros. Es pedir, según las propias víctimas la renuncia a su propia historia, la renuncia a ver al directamente responsable pagando por lo que hizo. Así pues que el Nepal que en aparentemente calma vemos ahora, se retuerce al interior y se pregunta qué tan imparcial o qué tan justa pueden ser las decisiones de una Comisión que se empeña desde el principio en aliviar la carga de los mismos criminales.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dice lo siguiente: “La amnistía evita la apropiada investigación y castigo de los perpetradores de violaciones de derechos humanos en el pasado, dificulta los esfuerzos para establecer respeto por ellos y contribuye a una atmosfera de impunidad de quienes perpetraron las violaciones a los derechos humanos.” Es por eso que en otras latitudes y en hechos recientes han evitado el uso sistemático del término “amnistía” e “impunidad” , pero curiosamente comienzan a recorrer el mismo derrotero nepalí al calificar los crímenes horrendos como políticos.
Otro punto que duele en Nepal, y al que tarde o temprano se acercarán en otros lugares, ha sido la fusión de lo que era la guerrilla maoísta con el Ejército Real nepalí, celebrada de facto en abril de este año, bajo el pomposo nombre de Comité Especial para la Integración del Ejército. La integración que estuvo respaldada por el Partido Comunista de Nepal, el Congreso de Nepal y el Frente Unido Democrático Malhesi , abría las opciones de integración voluntaria, retiro y rehabilitación. 9705 rebeldes se integraron, 7286 se retiraron voluntariamente, solo un puñado entró al programa de rehabilitación. Al nepalí del común le duelen los US$8,000 en promedio que fueron entregados a los retirados voluntarios del grupo rebelde. Se preguntan si en un país tan pobre un criminal debería recibir semejante paga por bajar las armas.
El proceso para la integración ha sido complicado y seguirá dando de qué hablar. Muchos rebeldes han quedado en una especie de limbo porque no tienen el conocimiento mínimo comparado con un soldado raso. Todos deben presentar un examen de acuerdo al rango. Sin embargo, el actual presidente de los maoístas presiona para que sean más los rebeldes integrados y así lograr mayor poder en el nuevo cuerpo del ejército. Lo cierto es que de los 9705 que en un principio dijeron integrarse, solo quedan 3123. Los restantes al final prefirieron retirarse con los dólares entre el bolsillo.
Así pues avanza el proceso en el precioso Nepal. Una paz firmada en 2006, con un proyecto de amnistía que entristece, y la integración de dos antiguos enemigos con conocimientos de guerra. Otros militantes observan desde la distancia. El conflicto terminó para unos, no para todos.
