La historia se desarrolló mucho más rápido y más radicalmente de lo que cualquiera imaginaba. No hacía mucho que el Presidente de Honduras, Manuel Zelaya, se ufanaba de haber neutralizado a sus enemigos políticos que desde hacía seis meses se hacían más poderosos. Los mismos militares que antes le ofrecían apoyo, fueron los encargados de sacarlo de la casa presidencial, a punta de fusil y a medio vestir rumbo a una base aérea donde lo embarcaron, sin derecho a reclamo, en un avión que lo condujo a Costa Rica.El cantado golpe de estado es la consecuencia del llamado que hiciera Zelaya para reformar la constitución de tal forma que le permitiera incluirse a último momento en las elecciones presidenciales de Noviembre. Para entonces, la corte hondureña ya le había dejado saber a Zelaya que solo podría llamar a una Asamblea Constituyente a través de un referendo previamente aprobado por el Congreso. El entonces presidente de Honduras no aceptó las objeciones, por su cuenta decidió pedir las papeletas de votación que fueran necesarias a Venezuela, y encargó de su custodia a las Fuerzas Armadas. En vista de lo ocurrido la Corte declaró la consulta inconstitucional y le pidió al ejército no implicarse logísticamente en un proceso que era a todas luces ilegal.
El Comandante General de las Fuerzas Armadas, le comunicó a Zelaya que se ajustaría al pedido de la Corte, lo que provocó su destitución fulminante. Las papeletas seguían en custodia de los militares, así que el presidente dirigió una turba que irrumpió en las instalaciones castrenses, se apropió de las papeletas y comenzó a distribuirlas en un claro desafío al dictamen de la corte. La fiscalía de Honduras procedió a pedir el arresto de los que entonces eran percibidos como los golpistas. A partir de ese momento, se gestó la detención de Zelaya y su posterior envío a Costa Rica.
Los hondureños, que ya veían con temor la creciente influencia del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en asuntos internos de Honduras, ratificaron sus peores presentimientos cuando el presidente venezolano, a tan solo horas de la crisis se refirió a venezolanos “como soldados a la orden de Honduras”. Chávez fue más allá. Tildó al comandante de las Fuerzas Armadas como “gorila” y amenazó con una intervención militar, que incrementó dramáticamente la sensación de una posible intervención extranjera en una crisis que es eminentemente hondureña.
El conveniente fantasma de la participación extranjera –estadounidense más no venezolana- no se hizo esperar y cuajó perfectamente en boca del Presidente Hugo Chávez cuando sugirió que la CIA estaba inmiscuida en el golpe de estado, habida cuenta de la intensa cooperación militar que existe en la interdicción aérea contra el tráfico de drogas entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Honduras. Curiosamente, era el mismo Presidente Zelaya quien le agradecía unos días antes a Hillary Clinton, durante su visita a Tegucigalpa, por el insistente llamado de su país a las facciones hondureñas para solucionar las disputas políticas a través del diálogo. También aparecieron en los discursos de Zelaya y Chávez la excusa de la lucha de clases y de la mafia política, obviando datos tan importantes como que el presidente Zelaya pertenece a la crema del tradicional Partido Liberal de Honduras y a la élite de los ganaderos y de los empresarios agroindustriales.
Para entonces, la silla presidencial ya había sido asumida por el Presidente del Congreso Roberto Micheletti, un reconocido político de centro copartidario de Zelaya, que ya había expresado su preocupación por la radicalización del entonces presidente. Micheletti afirma que su país se “ha salvado de un giro radical hacia el Chavismo y que hoy es más libre que hace tres días, aunque el resto del continente diga lo contrario”.
Mientras los líderes de las Américas han condenado el golpe de estado de Honduras y buscan una solución salomónica para el retorno de Zelaya, Honduras se justifica enarbolando su procedimiento legal por cuanto el congreso había revocado en una votación relámpago el cargo del mandatario, incluso poniendo en tela de juicio su estabilidad mental.
Para los hondureños, que vieron hundir la popularidad de Zelaya a un 30 por ciento, el asunto no está para intervenciones internacionales. Argumentan que la Organización de Estados Americanos pareciera considerar solo los golpes de estado como una amenaza para los procesos democráticos, olvidando convenientemente otros procesos que aparentemente legales han usurpado las libertades en otros países de América Latina. El Congreso de Honduras reafirma la disposición de seguir adelante con las elecciones presidenciales de noviembre.
Las condenas internacionales, solo servirán para una cosa: para cerrar filas a favor del nuevo presidente interino y fomentarán el nacionalismo. De otra parte funcionarios del gobierno hondureño dicen tener pruebas contundentes de la participación de Zelaya en negocios de narcotráfico. Lo cierto es que ninguna solución parece viable por el momento. No, sin poner en peligro real las instituciones democráticas que todavía, a pesar del derrocamiento de Zelaya, funcionan en Honduras.
Foto: Evo Morales, Presidente de Bolivia, el derrocado Manuel Zelaya, Daniel Ortega de Nicaragua, Hugo Chávez de Venezuela, y Rafael Correa de Ecuador, posan durante una reunión de emergencia de los países de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), en Managua, donde se encuentran reunidos para buscar soluciones al golpe de estado del pasado 28 de junio.
