Gran revuelo ha causado la decisión del gobierno brasileño de presentar un proyecto de Ley que le permitiría a Brasil apretar el control sobre su olvidada región amazónica. El proyecto no solo tiene por objeto vigilar los recursos naturales, los derechos humanos, los grupos religiosos sino también el acceso de las ONGs extranjeras y turistas en la región, que incluye la visitada Manaos.
El proyecto, que se venía gestando desde hacía algunos años, es una muestra más de la sensación que tiene el gobierno de Brasil de que la zona se le está saliendo de las manos y que las ONG's extranjeras que aparentemente velan por los derechos humanos y el medio ambiente son tan solo una fachada que sirve a piratas biológicos y a los esfuerzos de otros por controlar el Amazonas. En medio del debate, no son pocos los brasileños que sospechan que esos grupos que últimamente pululan por la región van acicalados de la doctrina boliviariana y de la posibilidad de que las FARC -las narcoguerrilla colombiana- esté penetrando las comunidades indígenas del Amazonas brasileño.
Sin embargo, la versión oficial, por lo menos la del Ministro de Justicia, Tarso Genro, lo que se busca es fortalecer la legislación amazónica para asegurarse de que las ONGs que estén dentro de la estratégica región no se conviertan en fuente de biopiratería, influencia sobre las tribus, compra de tierras dentro de la zona selvática que pertenece al estado así como de ninguna actividad "diferente al proyecto nacional y el deseo de los brasileños".
La nueva ley que propone la estrecha vigilancia sobre la Amazonia brasileña viene casi al tiempo de la preocupación del general brasileño de Luiz Gonzaga Lessa, ex comandante de la Amazonia, que asegura que si el congreso brasileño aprueba la Declaración de la ONU sobre los Derechos del Indio, la región podría convertirse en un nuevo Kosovo, y advierte del "peligro en gestación en la frontera del norte: la balcanización de la Amazonia". La delicada afirmación también se deriva de la intención del gobierno brasileño de homologar la Reserva Indígena Raposa do Sol, entre la frontera con Venezuela y Guyana que albergaría a 18000 indígenas en 17000 kilómetros cuadrados. Para los militares brasileños el movimiento sería inconveniente luego del bombardeo de una base de las FARC en Ecuador por parte del gobierno colombiano y del marcado rearme de Venezuela. Desde hace algún tiempo Brasilia ha considerado como una opción la invasión de la Amazonia por cuenta de un gobierno o de una fuerza extranjera que desee los depósitos de uranio, oro y su riqueza en biodiversidad, alojados en los 4 millones de kilómetros cuadrados selva.
Lo que se preguntan muchos es si realmente el propuesto candado será el arma ideal contra la pérdida total de la Amazonia. No bajo ejércitos extranjeros o por la balcanización de la región sino por la pérdida acelerada de sus recursos. Se estima que para el 2030 la Amazonia habrá perdido 670 mil kilómetros cuadrados equivalentes al 21% de su actual cobertura vegetal. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un ferviente opositor a las privatizaciones durante su época de sindicalista, ha aceptado que los problemas del área son insalvables y ha dado luz verde para privatizar parte de la selva brasileña e intentar una industria maderera sustentable que desanime a los madereros ilegales que van devorando uno de los pulmones más importantes de la tierra.
Queda en el aire la propuesta de la Orden de Abogados de Brasil que invita a crear un "Tribunal Internacional de la Amazonia" con la participación de otros países que tengan territorio amazónico. La idea es encontrar soluciones definitivas para que el Amazonas no desaparezca. Según Cézar Britto, presidente nacional de la Orden, "permitir que la Amazonia sea arrasada como está ocurriendo, a grandes pasos, es cometer un crimen contra la humanidad".
Foto: AFP Guerreros de las tribus Kalapalo y Kamayura se enfrentan en un torneo de lucha en la ceremonia del Kuarup, Brasil.
Gran revuelo ha causado la decisión del gobierno brasileño de presentar un proyecto de Ley que le permitiría a Brasil apretar el control sobre su olvidada región amazónica. El proyecto no solo tiene por objeto vigilar los recursos naturales, los derechos humanos, los grupos religiosos sino también el acceso de las ONGs extranjeras y turistas en la región, que incluye la visitada Manaos.